En el último año, la población boliviana ha tenido que hacer frente a inundaciones devastadoras, al año más caluroso y la mayor sequía de toda su historia.

Más de dos millones de personas sufrieron los efectos de la falta de lluvia, mientras que las tormentas dejaron más de 50 muertes y 430 mil personas afectadas.

Estos datos parecen confirmar lo que hace tiempo anunciaba la ciencia: Bolivia es el país más vulnerable a la crisis climática en América del Sur.

Sequías prolongadas

 La frecuencia e intensidad de los episodios de sequía es cada vez mayor tanto en el altiplano como en las llanuras del país. En 2023, llegó el período seco más prolongado de su historia, consecuencia de las altas temperaturas y la crisis climática, intensificada por el fenómeno de El Niño.

En siete de los nueve departamentos de Bolivia (La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz), cerca de dos millones de personas vieron como la falta de lluvia secaba sus campos, agotaba sus ahorros y lastimaba su salud física y mental.

Los efectos fueron particularmente graves en las zonas rurales, donde los ingresos y los empleos dependen de la agricultura y la ganadería de camélidos, ovejas y vacas. Los reservorios de agua se secaron por completo, las cosechas de papa y otros alimentos básicos se perdieron; y las llamas y las alpacas empezaron a enfermar e incluso a morir de sed.

“Cada vez que muere una llama, aparte de la pérdida emocional, estamos perdiendo como $100 USD, el equivalente a lo que necesitamos para vivir un mes en nuestro sector”, narra Evaristo Mamani Torrencio, vecino de Turco, en el departamento de Oruro. 

“Por familia más o menos perdemos entre 15-20 llamas. Es bastante dinero y eso es una pérdida no solamente para la comunidad, es una pérdida para el pueblo, porque de ahí viene el dinero para comprar nuestras cosas en Oruro. Si no hacemos ese movimiento económico y si no tenemos recursos, entonces simplemente no vamos a mover el mercado.”

La escasez de agua puede provocar restricciones de uso, aumento en su precio y disminución en la calidad. Esto reduce la frecuencia de hidratación, debilita las medidas de higiene y aumenta la propagación de enfermedades estomacales e infecciosas.

En casos como el de Evaristo y otras comunidades apoyadas por la Cruz Roja Boliviana, el largo tiempo que toma la recuperación tras la sequía, también puede llevar a las familias a tomar decisiones con efectos irreversibles sobre su vida, como vender su tierra, endeudarse o migrar.

“Los deslizamientos asociados a las precipitaciones en el 90% del país, contrastan con una progresiva disminución anual de las lluvias registrada por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en los últimos años”, comenta Julian Pérez, Coordinador de Programas y Operaciones de la IFRC en los países andinos.

“Algo que preocupa a la IFRC es que ambos eventos, sequías e inundaciones, tienen severos impactos a largo plazo en la comunidad, afectando la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y generando déficit hídrico y desnutrición”.

Además de los daños en los campos e infraestructura, la población enfrenta ya casos de dermatitis, infecciones respiratorias y diarreas, mientras se prepara para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos.

“Sólo en el primer trimestre del 2024, Bolivia ha registrado un total de 11.000 casos de dengue”.

En ambos casos extremos, el acceso a agua potable y a servicios esenciales es vital para mantener la salud y evitar la propagación de enfermedades.

Con apoyo de la Cruz Roja Boliviana y del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (IFRC-DREF), 6.500 personas afectadas por las sequías e inundaciones podrán protegerse de enfermedades, hacer un uso seguro del agua y decidir cómo recuperarse, al recibir dinero en efectivo para atender sus necesidades más urgentes.

“Bolivia necesita urgentemente implementar medidas de adaptación al cambio climático, como la reforestación y la construcción de infraestructuras adecuadas, así como mejorar el sistema de alerta temprana y apoyar los esfuerzos del Estado para fortalecer la gestión de desastres”, concluye Pérez.